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MANIFIESTO
En
el último cuarto de siglo la sociedad española
ha experimentado profundas trasformaciones sociales
y culturales. Uno de los cambios más significativos
ha sido el proceso de secularización y la aparición
de un pluralismo moral que no admite imposiciones
dogmáticas de ningún tipo en el ámbito
de los valores y las normas morales individuales y
sociales. Así, la religión católica
que, durante muchos siglos, fue en España la
base de las convicciones morales de gran parte de
la población, ya no es en la actualidad el
único referente ético para una mayoría
de los ciudadanos.
El
fenómeno del pluralismo moral está unido
en nuestro país al creciente peso de la moral
laica y a la aparición del pluralismo religioso,
vinculado, en gran medida, al creciente fenómeno
de la inmigración. En estas condiciones los
viejos privilegios de la Iglesia Católica pueden
conducir a situaciones absurdas.
Ante estos nuevos fenómenos, la vertebración
de una sociedad laica recobra actualidad, porque el
ideal de la laicidad, como ya se ha demostrado en
otros países, es una garantía de libertad
y de integración democrática de las
diversas creencias religiosas y morales que conviven
en una sociedad.
El
laicismo como filosofía y como movimiento social
sostiene que la libertad de conciencia, la libertad
ideológica y la libertad religiosa son un eje
fundamental de las leyes democráticas de un
país y que el Estado debe ser neutral en materia
religiosa; es decir, que ninguna religión debe
gozar de ningún trato de favor ni de ningún
privilegio (económico, social, jurídico)
en sus relaciones con el poder político.
Esta
filosofía política defiende que todos
los ciudadanos son iguales ante la ley y que nadie
puede ser discriminado por motivos ideológicos
ni religiosos. El objetivo de la laicidad es que cada
ciudadano pueda ejercer libremente sus opciones morales,
siendo la neutralidad expresa del Estado el mejor
modo de garantizar una efectiva, e igual, libertad
de conciencia para todos.
Otra aportación importante del modelo de sociedad
laica es su positivo significado moral. Muchos enemigos
del laicismo y de la laicidad esgrimen el argumento
de que sus defensores son hostiles y se dedican al
enfrentamiento con la religión; sin embargo
el laicismo es, ante todo, una ética ilustrada
que promueve los valores de la libertad, de la igualdad
y de la justicia entre todos los seres humanos, con
independencia de su adscripción religiosa.
Por eso, la filosofía de la laicidad defiende
que en los países democráticos debe
admitirse el pluralismo desde una perspectiva abierta
que integre a todos los ciudadanos en la sociedad,
al amparo de las mismas leyes y disfrutando de los
mismos derechos. El concepto de ciudadanía
debe mucho a la filosofía laicista, ya que
sostiene la igualdad de trato para todos y la obediencia
a unas mismas leyes democráticas que han sido
hechas entre todos y que obligan a todos por igual.
Ser
ciudadano es ser sujeto de derechos y de obligaciones
en el marco de una convivencia democrática,
regulada por el respeto a la ley. El origen
étnico, cultural o religioso de cada persona
puede y debe quedar integrado en el derecho de ciudadanía.
Por todo ello, y en consonancia con la perspectiva
de un laicismo moderno, consideramos además
que éste es un compromiso de acción
social orientado a remover los obstáculos objetivos,
–económicos y culturales-, que impiden
en la práctica el ejercicio de la libertad
de conciencia y la autonomía moral.
La
Constitución establece el carácter aconfesional,
es
decir, laico del Estado español, y de todas
sus instituciones, servicios y centros públicos.
Sin embargo dicha aconfesionalidad se ve continuamente
limitada o perturbada por la permanencia de usos confesionales
de carácter oficial que la contradicen y sobre
todo por la vigencia de los Acuerdos sobre Asuntos
Jurídicos, Económicos, Educativos y
Culturales de enero del año 1979, firmados
como tratados internacionales entre el Estado español
y el Vaticano y que en consecuencia gozan del carácter
de ley positiva.
La
mayor parte de los conflictos y problemas que han
saltado últimamente a la opinión pública,
desde los despidos de profesores de religión
hasta ciertas inversiones realizadas en Gescartera,
tienen su origen en la pervivencia de un sistema concordatario
históricamente superado y predemocrático
de relación entre la iglesia y el Estado.
La
vigencia de tales Acuerdos se ha demostrado en muchos
aspectos incompatible con los valores constitucionales,
como es el caso del libre despido que se aplica a
los profesores de religión católica,
el establecimiento de las distintas religiones confesionales
como materia fundamental en los planes de estudio,
o el privilegio de poder obligar a quienes no sigan
una asignatura de religión confesional a realizar
actividades académicas simultáneas,
quieran o no quieran, lo que vulnera la libertad de
elección, de conciencia y religiosa.
El
Acuerdo sobre Asuntos Económicos, según
sus propios términos, debería haber
finalizado ya su vigencia. Por el contrario, aún
estando vigente una Constitución que no contempla,
a diferencia de otras que si lo contemplaron, la financiación
de la Iglesia por el Estado, la realidad es que el
presupuesto general del Estado sigue incorporando
la financiación de la Iglesia, incluida la
de miles de profesores de religión católica,
y sin olvidar, que una buena parte de las subvenciones
asignadas a “otros fines sociales” con
cargo al 0.5 del IRPF, también van a parar
a entidades religiosas, por citar sólo algunos
ejemplos.
Por
todo ello, las organizaciones firmantes de
este manifiesto con el ánimo de extender a
toda la sociedad española un impulso de los
valores del laicismo, nos comprometemos a
llevar adelante una serie de acciones conjuntas para: |
el
ideal de la laicidad es una garantía de libertad
y de integración democrática
la
libertad ideológica y la libertad religiosa
son un eje fundamental de las leyes democráticas
ninguna
religión debe gozar de ningún trato
de favor ni de ningún privilegio (económico,
social, jurídico) en sus relaciones con el
poder político.
la
neutralidad expresa del Estado (es) el mejor modo
de garantizar una efectiva, e igual, libertad de
conciencia para todos.
(En
España)
el presupuesto general del Estado sigue incorporando
la financiación de la Iglesia, incluida la
de miles de profesores de religión católica
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