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El magistrado Ruiz de Velasco, para quien la Fiscalía solicita 21 meses de prisión, es el candidato que probablemente sucederá al fallecido Manuel de la Hera
T. RAMOS / CÁDIZ
El magistrado Carlos Ruiz de Velasco, de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla, es el candidato con más posibilidades de ocupar la presidencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz, puesto que quedó vacante al fallecer Manuel de la Hera. Sobre Ruiz de Velasco pesa una acusación de la Fiscalía en un asunto de violencia doméstica que está pendiente de juicio. La fiscal solicita para el magistrado 21 meses de prisión por un delito de maltrato habitual y 18 días de localización permanente por tres faltas de vejaciones.
En la Audiencia Provincial de Cádiz se daba ayer por seguro, por antigüedad y por puesto en el escalafón, el inminente nombramiento de Ruiz de Velasco como presidente de la Sección Segunda. Que el magistrado haya optado como candidato a una plaza en una Audiencia que probablemente tendrá que pronunciarse sobre la causa en la que está procesado ha sido acogido con desagrado en el Palacio de Justicia de la capital gaditana. El hecho de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) esté a punto de nombrarlo para el puesto ha venido a acrecentar el malestar.
Precisamente ayer, la Audiencia Provincial de Cádiz celebró una vista acerca de un asunto penal derivado del procedimiento sobre violencia doméstica en el que está procesado Ruiz de Velasco. El magistrado fue absuelto el año pasado de un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Estaba acusado de haber incumplido una orden de alejamiento de su ex esposa. La Fiscalía presentó un recurso contra la sentencia absolutoria y la Sección Cuarta lo abordó ayer durante una vista oral.
La causa penal, pendiente de juicio, en la que está procesado Ruiz de Velasco comenzó tras una denuncia presentada por su ex esposa en noviembre de 2007. El escrito de acusación provisional de la Fiscalía relata que el magistrado y su ex esposa rompieron en esa fecha una convivencia que se remontaba 28 años atrás. Explica también que desde el inicio del matrimonio, el juez ejerció una "creciente dominación" sobre su esposa, fundada en" un menosprecio constante" hacia ella y en un "control global sobre la totalidad de actividades y relaciones sociales" que mantenía la mujer.
El escrito de la Fiscalía menciona varios episodios de "conducta peyorativa y humillante" y también un aumento de la presión psicológica y las descalificaciones desde el momento en que la pareja siguió compartiendo vivienda pero había terminado la convivencia marital.
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