Esta
vez, la alarma no la ha suscitado el avance de la milicia talibán, sino
una ley recién aprobada en el Parlamento de Kabul y firmada por Hamid
Karzai, el presidente de Afganistán. Si la presión de los activistas
dentro y fuera de ese país no lo remedia, la entrada en vigor del nuevo
Código de Familia Chií va a condonar la violación dentro del matrimonio
y anular los avances legales logrados por las afganas desde el derribo
del régimen talibán, hace siete años. El Gobierno de Kabul no se ha
atrevido aún a publicar el texto, pero quienes han tenido acceso a ese
documento acusan a Karzai de haberse vendido a los integristas.
"Partes
de esa ley van en contra de los derechos fundamentales del ser humano".
Lo denuncia Fawzia Koofi, diputada por la provincia de Badakhsan. Ella,
como el resto de las parlamentarias afganas, se ha sentido estafada por
su aprobación. El texto pasó con inusitada rapidez y sin apenas debate,
lo que impidió que se introdujeran cambios. "¿Cómo ha sido posible?
Pues porque la mayoría de los diputados son fundamentalistas que están
en contra de los derechos básicos de las mujeres y no creen en la
igualdad de género ni en los derechos humanos", asegura a través del
correo electrónico. Algunos de los que levantaron la voz fueron
acusados de estar contra el islam y han recibido amenazas.
La
lectura de la ley que hace Koofi, como la del resto de los activistas,
es demoledora. El nuevo código niega la necesidad de consentimiento
para las relaciones sexuales dentro del matrimonio, aprueba
implícitamente las bodas infantiles y establece que las mujeres
necesitan permiso de sus padres o maridos para estudiar, trabajar o
acudir al médico. A las afganas, les suena familiar: aún no han
olvidado las restricciones que sufrieron durante el régimen talibán
(1996-2001), cuando no podían salir a la calle sin la compañía de un
hombre de la familia.
"Es un insulto a las mujeres y a los
derechos humanos", manifiesta por su parte Aziz Rafiee, director del
Foro para la Sociedad Civil Afgana. En su opinión, "todo es política".
A nadie se le escapa la precaria situación en la que se encuentra
Karzai de cara a las elecciones del próximo mes de agosto en
Afganistán. De ahí que el presidente busque votos en todos los rincones
del país, incluso entre los más retrógrados de cada comunidad.
Los
chiíes representan casi una quinta parte de la población y la
Constitución les otorga el derecho a tener un código de familia
específico basado en la jurisprudencia de esa rama del islam. No
obstante, la ley llevaba olvidada más de un año cuando el Gobierno la
presentó en el Parlamento, justo en medio del debate constitucional
sobre la legalidad de que el presidente extendiera su mandato -que
concluye el 21 de mayo- hasta la fecha de los comicios.
Tanto los
clérigos del poderoso Consejo de Ulemas chiíes, como los dirigentes
hazaras (el grupo étnico al que pertenecen la mayoría de los chiíes
afganos) llevaban tiempo reclamando la ley. Sacarla adelante constituye
un guiño a quienes van a orientar el voto de esa comunidad, que suma el
mayor número de indecisos ante las elecciones presidenciales.
Con
todo, no deja de ser paradójico que la nueva ley haya sido promovida
por los líderes políticos y religiosos de los hazaras. Los talibanes,
extremistas suníes, consideran herejes a los chiíes y durante su
gobierno se ensañaron con esa comunidad. Pero en lo que respecta a los
derechos de la mujer, el peso de siglos de patriarcado parece unir a
todos los fundamentalistas, sean del signo que sean.
"La mayoría
de los hazaras no son conscientes del daño que puede hacerles este
código, porque es la primera vez que vamos a contar con uno", se
lamenta Sima Samar, presidenta de la Comisión Afgana Independiente de
Derechos Humanos y ex ministra de Asuntos de la Mujer. Samar, que fue
la primera mujer hazara en obtener el título de médico en la
Universidad de Kabul, declara a este periódico que la ley debe
cambiarse.
Afganistán sigue siendo un país patriarcal y los
avances varían mucho en función del nivel socio-económico, la
exposición al exterior, la comunidad étnico-cultural de origen y si se
vive en núcleos urbanos o rurales.
A pesar de ello, la nueva
Constitución, aprobada en 2004, consagró la igualdad de derechos de las
mujeres. "Y ahora la nueva ley ni siquiera les permite maquillarse sin
permiso del marido", se queja Koofi, la diputada, poniendo de relieve
lo peligroso de la situación. Aunque el código sea específico para una
de las comunidades religiosas, sienta un precedente a favor de los
sectores más conservadores.
Pese al sigilo con el que ha
procedido, Karzai no se ha librado de las críticas. Durante la
conferencia sobre Afganistán celebrada en La Haya el martes pasado, los
ministros de Exteriores escandinavos le preguntaron por el artículo de The Guardian en
el que se revelaba su visto bueno a la ley. También la secretaria de
Estado norteamericana, Hillary Clinton, dejó claro el malestar de su
país. "Es un asunto de gran preocupación para Estados Unidos. Mi
mensaje es muy claro. Los derechos de las mujeres son una parte
fundamental de la política exterior de la Administración Obama",
declaró Clinton.
Resulta difícil calibrar qué peso puedan tener
estas presiones. Hace tiempo que Hamid Karzai perdió el apoyo
incondicional de Washington, y por extensión, de Occidente en general.
Además, cualquier exigencia para modificar una ley sería vista en
Afganistán como una injerencia intolerable en un país soberano. -
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