La experta en Derecho Penal defiende una reforma que ampare el derecho de la mujer a decidir, incluidas las menores, y que potencie las campañas de educación sexual

PALOMA GÁLVEZ. MÁLAGA

Antes del verano, se presentará el anteproyecto de ley del informe que contiene los supuestos sobre la reforma de la ley del aborto. Un proyecto elaborado por un Comité de Expertos del que forma parte la catedrática en Derecho Penal de la Universidad de Málaga Patricia Laurenzo, quien considera fundamental incorporar un sistema de plazos que acerque la legislación española al resto de países europeos.

-¿En qué medida supera esta propuesta a la legislación actual?
-Se diferencia en casi todo, fundamentalmente en el sistema. El actual se basa en indicaciones, el aborto está prohibido como principio general y sólo está permitido en tres supuestos determinados. De tal manera que solamente se puede abortar cuando existe un peligro para la vida de la mujer, cuando haya malformaciones fetales detectables o cuando el embarazo provenga de una violación. Lo que nosotros proponemos es un sistema de plazos, que implica que durante la primera fase de gestación, que es hasta la semana catorce, la mujer pueda decidir sin necesidad de alegar ninguna causa previamente.
-¿Este informe implica un avance o un retroceso con respecto a resto de Europa?
-La inmensa mayoría de los países europeos ya tienen sistema de plazos. La ley actual lleva 23 años en vigor y se ha quedado vieja. Antes estaba en línea con el resto de las legislaciones europeas, actualmente ya no. Por ejemplo, Holanda tiene un sistema de plazos en el que la mujer puede abortar en las primeras 24 semanas. En otros casos como Portugal, con una ley más reciente, se establecen las 10 primeras semanas. En Alemania o los países nórdicos combinan los plazos con un sistema de asesoramiento, que es lo que proponemos.
-¿La renovación en el sistema de educación sexual e información es tan prioritaria como la reforma de la legislación?
-En la primera consulta se le debe proporcionar información sobre las ayudas que recibiría si continúa con el embarazo, que es algo de lo que no se habla. Parece que sólo hablamos del derecho de la mujer y no del feto, pero no es así. Nosotros consideramos fundamental que la mujer tome la decisión informada, con un conocimiento de las características de la intervención, que es de bajo riesgo a pesar de los disparates que se están diciendo. Es clave que reciba información para tomar una decisión sabiendo todas las posibilidades y teniendo en cuenta que si sigue con el embarazo tiene ayudas fiscales, ayudas por hijo nacido y para todo lo que pueda ir surgiendo. Debe recibir información por escrito de manera neutra sin ningún tipo de orientación moral o religiosa. Así, se le da un plazo de tres días que llamamos periodo de reflexión para que tenga tiempo de evaluar y tomar la decisión final.
-¿Este proyecto de reforma de la ley del aborto protege también los derechos del no nacido?
-Nuestra propuesta no supone en ningún caso abandonar al no nacido. Consideramos que debe haber una compatibilización de la protección del feto con los derechos de la mujer. Con la legislación actual se ha hablado de la preferencia absoluta del embrión porque la mujer da el consentimiento pero la decisión la toman terceras personas. El derecho al ejercicio libre de la sexualidad está vinculado al poder que tiene la mujer de controlar los efectos posibles de esa fertilidad innata. Eso hace que sin duda el primer paso sea un acceso adecuado a métodos anticonceptivos, que también en España es una cosa que falla. Hasta ahora los derechos de la mujer estaban en un segundo plano. Eso no significa que el feto no tenga un valor en tanto que es un proyecto de persona, según el ordenamiento jurídico. En todo caso esto no se debe proteger desde el punto de vista penal. Los mecanismos para tutelar la vida se basan en el hecho de que la mujer toma la decisión de una forma libre e informada. Es más factible proteger al embrión con la mujer y no contra la mujer. El aborto no se va a acabar porque se prohíba.
-En una comparecencia la titular de Igualdad, Bibiana Aído, afirmó que se protege la vida del feto en tanto que éste, "según criterio científico, pueda vivir con independencia de su madre", ¿cómo aborda el informe esa compatibilización de los derechos del embrión y la mujer?
-Nosotros hemos establecido unos límites determinados. ¿Por qué? Porque según datos médicos, a partir de la semana 22 un feto ya puede sobrevivir fuera del claustro materno. Si a una mujer le detectan un riesgo para su salud a la semana 23 ya no hace falta el aborto porque el feto tiene la suficiente madurez y se puede hacer un parto inducido. Un caso que se ha planteado en España es cuando hay una anomalía fetal incompatible con la vida. Si se detecta una enfermedad mortal al feto nos parece una crueldad obligar a la mujer a que el feto se muera dentro de ella sin practicar un aborto.
-Ha surgido una gran polémica en torno a la propuesta de que las menores aborten sin consentimiento paterno, ¿cuáles son los argumentos que sostienen esa idea?
-Se ha montado un cierto escándalo al respecto de esta idea. La Ley de Autonomía del Paciente es el argumento al que nos acogemos. ¿Del aborto en una menor qué es lo que escandaliza? ¿Que se está sometiendo a una intervención quirúrgica sin el consentimiento paterno? Entonces que critiquen la Ley de Autonomía del Paciente que desde el año 2002 establece, para mí correctamente, que quien debe consentir una operación aunque se alto riesgo es el menor. El aborto no es una intervención de grave riesgo en la fase de las 14 semanas, sino más bien ambulatoria. Es más, cada vez más se va a convertir en una intervención farmacológica con un control médico.
-Entonces, ¿qué es lo que escandaliza?
-Sinceramente en el tema del aborto hay un componente moral claro. Se piensa que a la chica no es lo suficientemente madura como para tomar esa decisión pero, ¿puede haber algo que afecte más directamente a la vida de la menor que tener un hijo? Veamos las cosas al revés, ¿alguien aceptaría que una chica de 16 años en nuestra sociedad dijera que quiere tener un hijo y los padres no lo permitiesen? ¿Alguien admitiría eso? Todo el mundo apoyaría a la chica, pero cuando es al revés no vale. Es válida su madurez para asumir una embarazo que supone una obligación de por vida, pero si decide interrumpirlo es un escándalo. ¿Acaso los padres saben cuántas veces van sus hijas a por la píldora del día después a los hospitales?
-¿La prevención es otros de los aspectos que regularía la nueva legislación ?
-Lo que se pretende es incluir esta medida en una Ley de Salud Sexual de carácter preventivo. Coincidimos en que no tiene sentido que siga aumentando el número de abortos y que eso tiene mucho que ver con el hecho de que se ha producido un desfase entre lo que es la normalización de la vida sexual de los jóvenes y la información o educación sexual. Los jovenes han normalizado su vida sexual con 16 años y, sin embargo, en los colegios no hay información ninguna. En cualquier otro país europeo hay clases de sexualidad. El problema es que hay un aumento grande de los abortos entre adolescentes que tiene que ver con la desinformación en materia de anticonceptivos. Para nosotros eso es básico. La regulación sobre el aborto es un aspecto más sobre una política de educación sexual imprescindible en España y que hasta ahora estaba completamente olvidada, pero hay que dar un salto cualitativo. Es necesario que haya también un pleno acceso a los métodos anticonceptivos. Cuando eso se dé, los embarazos no deseados disminuirán. Es absurdo que se diga que con cualquier ley que liberalice el aborto se esta convirtiendo en un medio de control de la natalidad, porque por esa situación no la quiere pasar ninguna mujer.
-¿Ese argumento está vinculado al hecho de que la ley permite que una menor mantenga relaciones sexuales consentidas con un adulto a partir de los 13 años sin que eso suponga un delito de cara a la legislación?
-Claro, un argumento que usamos es que una chica que haya cumplido 13 años puede tener relaciones sexuales con un adulto o menor con el consentimiento de ambos, sin repercusiones penales. Sólo hay delito cuando hay un abuso. Lo que no tiene sentido es que se le reconozca madurez para mantener relaciones sexuales siendo menor y luego no se le reconozca esa madurez para decidir finalmente sobre los efectos de la sexualidad.
-Esta es una ley pensada por y para la mujer, ¿se deben contemplar los derechos del padre?
-El comité de expertos no ha tratado ese aspecto. Desde el punto de vista jurídico, el derecho tiene que regular cuando surgen conflictos de tipo social. Esto tiene que ver con un planteamiento del feminismo que a mí me parece básico: no hay que confundir maternidad con fertilidad. Las mujeres pueden tener vida sexual sin pareja, por lo que no se podría pensar en el padre. Eso hay que admitirlo no sólo en los hombres, también en las mujeres.
-¿Qué ocurriría entonces en el caso de que se dé una pareja formalizada?
-En los casos que tenga pareja, si el embarazo termina siendo maternidad es un asunto de los dos. En el momento inicial, por supuesto que es de interés lo que opine el otro, pero en la relación de pareja desde el punto de vista del derecho, no tiene sentido. El cuerpo es de la mujer, por lo que no se puede dar un papel relevante a un tercero. Después de años de que los hombres se desentiendan de la maternidad, ahora resulta que a veces se plantea que el hombre le diga a la mujer que tenga el hijo para luego quedárselo él. Pero ese ´tenlo´ es convertir a la mujer en una máquina reproductora y la mujer es un ser humano con la peculiaridad de quedarse embarazada y eso es algo de ella, para bien o para mal. No se debe plantear en términos biológicos, sino en el sentido de que el poder y el control lo tiene la mujer pero, si el niño nace y está en la sociedad, tiene esas responsabilidades porque así lo establece la ley. Si se le diera al padre la opción de negarse sería un disparate, porque ya hay una tercera personas que es el niño.
-¿De qué forma aborda el informe el papel que tienen los profesionales objetores de conciencia?
-El informe es bastante escueto en esto. Hemos considerado que no era el lugar oportuno para hacer un tratamiento total de este tema porque en el ámbito médico afecta a más cosas, no sólo al aborto. Lo que decimos es que la ley debe garantizar que en ningún caso se obstaculice a las mujeres en el ejercicio de su derecho a la prestación sanitaria que supone la interrupción del embarazo. Este derecho del facultativo es individual y personal. Por lo tanto no se puede admitir que todo un hospital se declare objetor de conciencia o, por ejemplo, todo el servicio de ginecología de un hospitales. Objetores serán las personas individuales. Lo que queremos es compatibilizar los derechos de los médicos y las mujeres.
-En este sentido, ¿en qué punto se encuentran los centros andaluces?
-En el caso de Andalucía no hay problemas porque la Junta tiene conciertos con las clínicas privadas, así se obvia el problema de que en los hospitales públicos casi todos los médicos son objetores. Pero hay otras comunidades españolas como Navarra en las que la mujer no puede abortar en ningún lado, se tiene que ir a otro sitio y pagarlo ella. Esto crea una inequidad geográfica tremenda.