COMUNICADO de CEFEMINA- Costa Rica

SOLIDARIDAD CON UNA NIÑA DE 9 AÑOS

Costa Rica, febrero del 2003

Las organizaciones y personas abajo firmantes, profundamente conmovidas por las agresiones vividas por una niña nicaragüense de 9 años, violada y embarazada en Costa Rica, condenamos la brutal violencia de que ha sido objeto, nos solidarizamos con ella y su familia y

DENUNCIAMOS:

1. Que muchos medios de comunicación han convertido esta dolorosa situación en un espectáculo irrespetuoso para la niña y su familia, quienes por su condición de migrantes se encontraban en situación de desventaja para defenderse del acoso a que fueron sometidos.

2. Que desde que en el Hospital de Turrialba se conoció de su condición de embarazo, sin considerar las implicaciones que pudiera tener para la niña, algunos médicos brindaron información a los medios de comunicación, irrespetando el derecho de la niña a su privacidad y a la protección de su imagen.

3. Que a pesar de que el Dr. Troper, uno de los médicos a cargo de la niña, diera declaraciones señalando que se trata de un embarazo de alto riesgo y que una niña de esa edad "no tiene las condiciones intelectuales, psicológicas ni fisiológicas para enfrentar el nacimiento y la crianza de otro niño" (La Nación 31/01/03), la niña fue atendida médicamente con el fin prioritario de no arriesgar el embarazo sin tomar en cuenta su salud y bienestar integrales.

4. Que los médicos del Hospital de Turrialba declararon descartar la interrupción del embarazo por "estar sólo permitida en casos comprobados en que la vida de la madre corre riesgo" y porque "la niña cumplió los tres meses que contempla la ley" (La Nación, 5/2/03), lo cual es falso, pues el artículo 121 del Código Penal permite este tipo de intervención en caso de riesgo para la vida o la salud de la mujer y no establece límite de tiempo para ser ejecutada.

5. Que los padres de la niña no fueron informados de los riesgos inmediatos y futuros que su hija enfrenta producto de ese embarazo, ni del derecho que la niña tenía de interrumpirlo por razones de salud, tal como autoriza el artículo 121 del Código Penal de Costa Rica. Este hecho es especialmente grave dada la desprotección particular que vivieron por el hecho de ser migrantes y analfabetas.

6. Que los padres no recibieron tampoco infoción adecuada sobre las infecciones de transmisión sexual detectadas en la niña, ni de sus riesgos ni tratamiento, y que ignoraron durante todo el tiempo de estadía en Costa Rica si estas infecciones fueron debidamente tratadas o no, pues la niña que dada de alta sin ningún tratamiento para estas infecciones y recibieron información contradictoria de los dos Hospitales donde la

7. Que teniendo 9 años, la niña fue hospitalizada durante 22 días, manteniéndosela en la sala de maternidad y no en las dedicadas a la infancia, coartándosele la posibilidad de hacer su vida ordinaria de niña, con el objetivo de que no arriesgara el embarazo, lo que representa una violación a sus derechos como niña.

8. Que desde su estadía en el Hospital de Turrialba la niña ha sido manipulada emocionalmente por las instituciones y sus representantes para forzarla a considerarse madre responsable, recibiendo como "regalo" el ecograma que se le practicó, revistas sobre nutrición, y preguntas sobre si sentía ya al bebe moverse.

9. Que la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos, a través de su Fiscal, el Dr. Eliseo Monge, participó del engaño y la manipulación al declarar públicamente que "no podemos llegar a sacrificar una vida humana para defender otra" (Noticias Repretel, edición del medio día del 12 de febrero del 2003) ocultando una práctica cotidiana y legal en Costa Rica como es la interrupción del embarazo por razones terapéuticas.

10. Que por la institucionalización sufrida por mas de 3 semanas, la niña no pudo rendir declaración hasta el día 11 de febrero, retrasándose el proceso judicial y la detención del señalado como violador.

11. Que ante estas flagrantes violaciones de los derechos de la niña, las intervenciones del PANI han ido en el sentido de reforzar la línea definida por los médicos del Hospital de Turrialba, anteponiendo el interés de salvaguardar el embarazo a la defensa de los derechos de la niña.

12. Que la intervención del PANI ha carecido de la sensibilidad humana y la solidaridad necesaria, priorizando los aspectos administrativos y formales, sin atender las necesidades de la niña, sin asumir su condición de niña y su derecho a su bienestar integral.

13. Que las iniciativas desarrolladas por la Defensoría de la Niñez no han servido para reorientar el curso de los acontecimientos.

14. Que esta situación ha puesto a prueba el sistema de instituciones responsables de defender los derechos de las niñas, reto que dicho sistema no ha estado en condiciones y capacidad de enfrentar adecuadamente desde un enfoque de derechos.

AFIRMAMOS:

· Que la niña tiene derecho a vivir y ser tratada como una niña y por tanto a regresar lo más pronto posible a una vida infantil sin agresiones, embarazos ni maternidades impuestas.

· Que su embarazo, contrario a como en muchos medios se ha abordado, no constituye un embarazo adolescente, sino una manifestación brutal de violencia, de graves e inevitables implicaciones para la vida presente y futura de la niña.

· Que el Estado Costarricense se encuentra en deuda con la niña y mantiene responsabilidades de garantizarle justicia y la protección de sus derechos.

· Que la forma en que ha sido abordada esta situación pone en riesgo adicional a todas las niñas en nuestra país, pues en caso de ser violadas y resultar embarazadas serían obligadas a concluir un embarazo de altísimo riesgo para sus vidas.

· Que en Costa Rica necesitamos instituciones que garanticen en forma efectiva la defensa de los derechos de la infancia, y que entienda y esté en condiciones de abordar las condiciones específica que viven las niñas. Por todas las razones antes expuestas,

EXIGIMOS:

A. Que la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa y el Defensor de los Habitantes investiguen las actuaciones de los médicos del Hospital de Turrialba para identificar responsables sobre las violaciones a los derechos de las niñas señalados previamente en los puntos 2 a 8 para que se establezcan las responsabilidades y sanciones del caso.

B. Que se investigue las actuaciones de los médicos del Hospital Calderón Guardia sobre los puntos 3, 5 y 6 antes señalados para que se establezcan las responsabilidades y sanciones del caso.

C. La destitución del M. Sc. Mario Víquez como Defensor de la Niñez ante la incapacidad mostrada para confrontar en forma efectiva la actuación revictimizante de las instituciones estatales y proteger los derechos de la niña, en particular su derecho al bienestar y la salud integral.

D. La destitución inmediata de la Licda. Rosalía Gil como Presidenta Ejecutiva del PANI y Ministra de la Niñez, por su incapacidad de defender los derechos fundamentales de la niña, anteponiendo sus criterios personales a estos derechos y a la legislación vigente en Costa Rica.

E. La reparación integral del daño infringido contra la niña.

NUEVA

Foro Autónomo de Mujeres
CEFEMINA
Asociación PRIMAL
Centro de Estudios y Publicaciones, ALFORJA
Centro Feminista Francisca Carrasco
Mujer No Estás Sola
ASTRADOMES
Alianza de Mujeres Costarricense
Asociación Mujeres en Salud, AMES